En decisión del 14 de octubre de 2021 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dictó la Resolución Nº CCPR/C/133/D/3003/2017, en la cual concluyó que el proceso penal seguido en contra del profesor Allan R. Brewer Carías por el régimen autoritario venezolano, desde 2005, violó sus derechos humanos y, por ello, resultaba nulo[i]. La Resolución es relevante no solo como acto de justicia frente a la persecución en contra del profesor Brewer-Carías, sino que, además, ilustra muy bien uno de los rasgos del actual régimen autoritario, cual es el autoritarismo judicial ―un elemento actualmente relacionado con la investigación iniciada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional―.

I

Que uno de los iuspublicistas más respetados de Iberoamérica y el autor principal del Derecho Público moderno en Venezuela haya sido víctima de sistemáticas violaciones de derechos humanos como resultado del gradual desmantelamiento del Estado de Derecho, pudiera ser paradójico. Pero el caso del profesor Brewer-Carías, por el contrario, refleja una arista especial del autoritarismo-populista venezolano, cual es el ataque sistemático a toda forma de disidencia, incluso, en el ámbito académico.

Se trata de una modalidad usual en autoritarismos, en especial, de corte totalitario, como es el caso del modelo del socialismo del siglo XXI[ii]. Así, los autoritarismos no solo se valen de ciertos académicos y periodistas para difundir sus ideas y justificar las violaciones a derechos humanos, sino, además, excluyen ―en un rasgo típico de deshumanización― a quienes disienten desde la academia[iii]. Tal es el caso del profesor Allan R. Brewer-Carías.

En efecto, el profesor Brewer-Carías levantó su voz frente la ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente propuesta por Chávez para materializar su política autoritario-populista y así destruir las instituciones del Estado de Derecho previstas en la Constitución de 1961. Luego, como miembro de la asamblea nacional constituyente, denunció constantemente sus abusos. No exageramos al decir que, gracias a su labor individual, la Constitución de 1999 resultó menos mala de lo que pudo haber sido.[iv]

Para el régimen autoritario el profesor Brewer-Carías resultaba una persona incómoda. Como suele suceder, el régimen aprovechó la primera oportunidad para descargar, en su contra, el instrumento represor del Poder Judicial. La excusa fue el texto del Decreto por el cual se justificó la creación de un supuesto gobierno de transición presidido por Pedro Carmona en los muy confusos eventos del 11 de abril de 2002. Para quien haya leído la obra del profesor Brewer, resulta evidente que el texto de tal Decreto ―de muy mala factura, por lo demás― no respondía a su pensamiento constitucional. El profesor Brewer-Carías, en realidad, había insistido en enmarcar la crisis venezolana en la recién aprobada Carta Democrática Interamericana[v]. El régimen ―y sus acólitos― crearon sin embargo una falsa narrativa que terminó en una investigación ante la Fiscalía General de la República, pues como vimos, los autoritarismos se valen de la mentira, incluso, difundida por presuntos periodistas, para justificar sus atropellos.  El profesor Brewer-Carías asumió su propia defensa en ese caso, pero aprovechando una de sus estancias académica en el exterior, el régimen adelantó el proceso penal dictando una orden de detención. Desde el 29 de septiembre de 2005 esta persecución ha forzado al profesor Brewer-Carías al exilio[vi].

Para ese momento ―2005― Venezuela no era considerada un autoritarismo, y ni siquiera un régimen híbrido. Por el contrario, y a pesar de los evidentes abusos que el régimen cometió durante el fallido proceso del referendo revocatorio de 2004[vii], existía la ilusión de una democracia vigorosa que, además, había innovado en el “nuevo constitucionalismo” con mecanismos de participación directa de los ciudadanos[viii]. A ello se le agrega que el boom petrolero ―el más grande en la historia de Venezuela― ya había comenzado, lo que permitió al régimen implementar políticas clientelares de repartición de la renta. En medio de esta ilusión de bienestar socioeconómico y democracia social, la persecución en contra del profesor Allan R. Brewer-Carías pasó, en cierto modo, desapercibida frente a los ojos de la comunidad internacional, quien consideraba a Venezuela como una democracia.

Pero lo cierto es que para 2005 ya existían indicios importantes del desmantelamiento gradual de la autonomía e independencia del Poder Judicial, en un proceso que comenzó con las ilegítimas medidas adoptadas por la también ilegítima asamblea nacional constituyente en 1999, y reforzadas con la inconstitucional reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004[ix]. Este proceso se basó en la eliminación de la estabilidad de los jueces en un régimen transitorio que no fue más que la excusa formal para justificar la existencia de jueces y fiscales provisorios y temporales. Como ha quedado en evidencia en el declive de la democracia constitucional en el siglo XXI, este desmantelamiento fue a cámara lenta, por medio de pequeños pasos que aisladamente eran insignificantes pero que, valorados en su conjunto, demostraban la clara intención de desmantelar el Estado de Derecho en especial, a través del Poder Judicial[x]. La sistemática violación de los derechos humanos de la Juez Afiuni, inicios en 2009, demostró que el Poder Judicial no era más que un instrumento al servicio del régimen autoritario[xi].

Venezuela es, así, un caso paradigmático de autoritarismo judicial, esto es, la imposición de medidas contrarias al Estado de Derecho y violatorias de los derechos humanos a través del Poder Judicial. No solo el Poder Judicial abdicó de su deber de garantizar derechos humanos, sino que se convirtió en un mero instrumento de violación de derechos humanos[xii]. Como ese autoritarismo se arropa de formas jurídicas, la doctrina propuso hablar de Derecho Constitucional autoritario[xiii]. Por nuestra cuenta, y considerando la retórica populista, hemos aludido al Derecho Constitucional autoritario-populista[xiv].

De allí el manifiesto error en el que incurrió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo de 26 de mayo de 2014, al declarar inadmisible la petición formulada por la Comisión ante la violación de los derechos humanos del profesor Brewer-Carías, considerando que éste no había agotado las vías judiciales internas[xv]. Con tal consideración, la Corte ―o más correctamente, la mayoría de sus jueces[xvi]― ignoró que, precisamente, las violaciones de derechos humanos denunciadas habían sido ocasionadas por el autoritarismo judicial, con lo cual mal podía evaluarse si se habían agotado esas vías. No solo no existían vías judiciales que garantizasen el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que, además, las instancias del sistema de justicia ―desde la Fiscalía hasta el Poder Judicial― eran instrumentos de violación de derechos humanos. Exigirle a quien ha sido víctima de violaciones por el Poder Judicial que insista en vías judiciales, es un pernicioso mecanismo de revictimización y un desconocimiento abierto a los fundamentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

II

La Resolución de 14 de octubre de 2021 del Comité de Derechos Humanos, aprobado de conformidad con el Protocolo Facultativo, contribuye a la restitución de la dignidad humana del profesor Brewer-Carías como víctima de violaciones de derechos humanos, al declarar la responsabilidad del Estado venezolano por tales violaciones[xvii].

De manera acertada, y al contrario de la mayoría sentenciadora de la Corte Interamericana, el Comité observó que “la cuestión del agotamiento de los recursos internos en relación con el resto de alegaciones del autor están íntimamente vinculadas a las alegaciones de fondo”, razón por la cual tal agotamiento no es un obstáculo para la admisibilidad de la comunicación.

Al entrar al fondo, el Comité tomó nota: