Decisiones, citaciones, notificaciones y copias simples y certificadas por medios electrónicos en la actividad de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia

8 de octubre de 2021

José Rafael Belandria García

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

Miembro ordinario de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo

En las causas o procesos que se hallen en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en su Juzgado de Sustanciación, es posible que se dicten decisiones, realizar citaciones y notificaciones o emitir copias simples y certificadas por medios electrónicos, con fundamento en la Resolución Nº 2021-0011, del 9 de junio de 2021, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Con anterioridad a esta Resolución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) estableció ―en sus artículos 91.3, 92, 120 y 126― la posibilidad de practicar notificaciones, acceder a la información pública e instaurar una Gaceta Judicial, todo ello por medios electrónicos[1]. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA) también dispuso ―en su artículo 38― que es posible realizar citaciones y notificaciones por medios electrónicos.

Ahora bien, el objeto de este trabajo es explicar la Resolución Nº 2021-0011, expresando las posibilidades que contempla, los requisitos en cada caso y algunos aspectos problemáticos. Esto sin olvidar la situación institucional actual que atraviesa el TSJ, en la medida en que se designaron magistrados sin cumplir con el procedimiento establecido en la Constitución y la LOTSJ[2] y algunos de ellos carecen de los requisitos constitucionales y legales para el cargo[3]. La posible aplicación en la práctica de este acto anima las líneas que siguen, a los fines de dar a conocer el tema e intentar aminorar potenciales violaciones a derechos subjetivos.

 

I. Decisiones electrónicas

En primer lugar, la Sala Político Administrativa del TSJ y su Juzgado de Sustanciación pueden dictar decisiones electrónicas ―artículo 3―, las cuales pueden ser interlocutorias o definitivas.

Las decisiones electrónicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. Generar un soporte de dicha actuación de manera digital o impresa ―artículo 4―; y 2. Las decisiones serán elaboradas por medio de programas informáticos, se hallarán en un documento electrónico y tendrán una firma electrónica[4] de los funcionarios respectivos ―por aplicación analógica del artículo 8―.

Para que la decisión pueda estar firmada de manera electrónica, los funcionarios de que se trate deberán disponer de un certificado electrónico emitido por los proveedores de servicios de certificación electrónica[5]. Esos proveedores son entidades acreditadas, supervisadas y controladas por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE) y se rigen por el Decreto con Fuerza de Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas (DFLMDFE) y por su Reglamento Parcial, a los fines de prestar esos servicios[6].

Los efectos en la práctica de las decisiones electrónicas son los siguientes: 1. La sentencia tiene valor jurídico y efectos probatorios; 2. La decisión deberá estar firmada por todos los magistrados, sin poder alegar ausencia a la sesión y en caso de disentir se deberá consignar un voto salvado; y 3. Supone actualización o modernización en la función jurisdiccional, en el sentido que ocurre en otros países[7].

 

II. Citaciones y notificaciones electrónicas

En segundo lugar, la Sala Político Administrativa del TSJ y su Juzgado de Sustanciación, pueden practicar citaciones y notificaciones por correo electrónico o cualquier otro medio que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación[8] (TIC) ―artículo 3―. Este es uno de los aspectos en el contexto de la Resolución, que más cuestiones teóricas y prácticas suscita.

Antes de manifestar lo que dice la Resolución, resulta útil precisar lo siguiente:

1. De acuerdo con el artículo 91 de la LOTSJ “las notificaciones de las partes, interesados e interesadas [en los procesos ante el TSJ] deberán ser practicadas en principio de forma personal”. Por tanto, se deberá proceder a la notificación personal y en defecto de ella a las notificaciones electrónicas.

2. De conformidad con el artículo 6 de la Resolución, las citaciones y notificaciones electrónicas se regirán por lo previsto en la LOTSJ, la LOJCA, la Ley de Infogobierno y el DFLMDFE.

3. Sin embargo, las citadas Leyes difieren entre sí en el régimen de las citaciones y notificaciones electrónicas y ello puede ser nocivo al momento de realizar las mismas. Esto obedece a que el ordenamiento jurídico de esta materia se ha formado por capas y está fraccionado[9]. Basta con observar lo previsto en la LOTSJ en sus artículos 91.3 y 92 por un lado; y por el otro lo establecido en la LOJCA en su artículo 38 con relación a las citaciones y notificaciones electrónicas, el cual a su vez remite al DFLMDFE.

Por ejemplo, el artículo 92 de la LOTSJ dice que cuando la notificación se realice en los términos del artículo 91.3 de esa Ley, la misma surtirá efectos al quinto día de despacho siguiente a cuando su práctica conste en autos y su publicación en el portal electrónico del TSJ; y en cambio el artículo 11 del DFLMDFE establece unas reglas para determinar la recepción de los mensajes de datos, las cuales consisten en que la recepción tendrá lugar cuando el mensaje ingrese al sistema de información designado o que utilice regularmente el destinatario.

Si las citaciones y notificaciones electrónicas se rigen por las leyes citadas al mismo tiempo, es posible que surjan conflictos jurídicos. Por ello, lo que dice el citado artículo 6 es quizá un equívoco.

Dos criterios se podrían utilizar para determinar la ley aplicable en esta materia: el orgánico y el funcional. En caso de optar por el segundo, resultaría aplicable la LOJCA que es la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, dicha Ley remite al DFLMDFE y sus disposiciones parecen dirigidas a relaciones entre particulares ―artículos 11, 13 y 14― y no a relaciones con el Estado[10]. Por consiguiente, la materia de las citaciones y notificaciones electrónicas ante la jurisdicción contencioso administrativa en la actualidad, probablemente carece de una regulación apropiada.

Dicho esto, corresponde mencionar los requisitos para las citaciones y notificaciones electrónicas según la Resolución: 1. Que conste en las actas del expediente que las partes cuentan con los medios telemáticos suficientes para hacer efectiva dicha actuación procesal ―artículo 3―; 2. Generar un soporte de la actuación, de manera digital o impresa ―artículo 4―; 3. El soporte deberá evidenciar la remisión del mensaje contentivo de la notificación ―artículo 4―; y 4. Estampar la firma electrónica del funcionario designado para tal fin en el soporte, para que sea agregada al expediente ―artículo 4―. Por otro lado, el Secretario de la Sala Político Administrativa del TSJ o el de su Juzgado de Sustanciación deberá dejar constancia en el expediente de haber practicado la citación o notificación electrónica ―artículo 38 de la LOJCA y artículo 91.3 de la LOTSJ―.

Cabe preguntarse a qué se refiere el primer requisito, según el cual debe constar en el expediente que las partes cuenten con los medios telemáticos suficientes. ¿Implica tener acceso a Internet?, ¿supone disponer de una dirección de correo electrónico? En nuestra opinión hay varias formas de acreditar o determinar ese aspecto[11]. Por ejemplo: uno o varios mensajes electrónicos previos entre el demandante y el demandado, lo cual puede constituir una presunción al respecto. En todo caso, corresponderá a la Sala Político Administrativa o a su Juzgado de Sustanciación dejar constancia de esta circunstancia.

Otro aspecto que amerita indagación es si es posible realizar citaciones y notificaciones a través de redes sociales o plataformas electrónicas de mensajería de texto, dado que la Resolución indica que cualquier otro medio que utilice las TIC ―artículos 5 y 3―. En ese supuesto, el órgano jurisdiccional deberá tener una cuenta propia en la red social de que se trate y en todo caso deberá verificar o generar las condiciones para practicar la misma con pleno respeto a los derechos del destinatario, así como dejar constancia de la actuación. En nuestra opinión y por lo pronto, nos inclinamos por las citaciones y notificaciones mediante correo electrónico.

Aun cuando la Resolución en comento no lo dice, en la actualidad a la hora de practicar las citaciones y notificaciones electrónicas se podría acudir a la modalidad del mensaje certificado. El mismo suministra una prueba sobre el momento y lugar en que se envía el mensaje, el momento y el lugar en que se recibe y el contenido de la comunicación. Ello ofrecería certeza ―más allá de generar un soporte y dejar constancia de la remisión― sobre si se recibió o no y sobre la realización de la citación o notificación electrónica.

Por último, según la Resolución en caso de no constar en el expediente judicial una dirección de correo electrónico o cualquier otro medio que utilice las TIC, la notificación se realizará mediante cartel conforme a lo dispuesto en la LOTSJ ―artículo 5―, en concreto se trata del artículo 93 de dicha Ley.

 

III. Copias simples y certificadas electrónicas

En tercer lugar, la Sala Político Administrativa del TSJ y su Juzgado de Sustanciación pueden emitir copias simples y certificadas electrónicas ―artículos 7 y 8―. Las mismas, en nuestro criterio, pueden estar referidas a un auto, una sentencia, una parte o la totalidad de un expediente judicial que se encuentre en alguna de esas instancias.

La emisión de las copias electrónicas simples y certificadas debe cumplir según la Resolución, con los siguientes requisitos: 1. Uso de la firma electrónica del funcionario autorizado para tal fin ―artículo 7―; 2. Verificación de la legitimidad del peticionario y evaluación de la procedencia de la solicitud ―artículo 7―.

Cuando se trate de copias electrónicas certificadas, las mismas deberán tener ―dice la Resolución― la firma electrónica del Magistrado Presidente y el Secretario de la Sala Político Administrativa; o del Juez del Juzgado de Sustanciación y el Secretario de ese Juzgado ―artículo 8―.

Las copias electrónicas simples serán remitidas únicamente y por una sola vez al correo electrónico o medio que utilice las TIC a través del cual se hizo la solicitud o que suministró la parte interesada en esa ocasión ―artículo 8―. Es predecible que se siga igual proceder en el caso de las copias electrónicas certificadas.

Con relación a los expedientes judiciales cabe decir, que los mismos por lo general son públicos y así sucede en los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa. En el caso de los expedientes físicos o materiales, las partes y los interesados ordinariamente pueden acceder a ellos en las sedes jurisdiccionales. En cambio, los expedientes judiciales no son secretos, ni deben serlo.

El requisito referido a verificar la legitimidad del peticionario parece contrariar esta máxima ―artículo 7―, pues los expedientes en referencia no deben estar reservados u ocultos. Por ello cualquier persona podría acceder o efectuar la solicitud. Cabe añadir que, a tenor del artículo 28 de la Constitución, existe la posibilidad de acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información de interés para comunidades o grupos de personas. Distinto es, según ese artículo 28 y el artículo 43 de la Constitución, que uno o varios documentos del expediente, o una parte del mismo, amerite una declaración en particular para preservar el honor, intimidad, reputación o datos personales sensibles ―creencias religiosas, orientación sexual, etc.―.

La Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República ―artículo 10―.

Para finalizar consideramos que hoy en día hay un rezago en la utilización de las TIC, Internet y las redes de comunicación en los procesos judiciales. En efecto, las mismas ofrecen potencialidades que van más allá de las decisiones, citaciones, notificaciones o copias simples y certificadas electrónicas. La verdadera digitalización de los procesos judiciales, entre ellos los del contencioso administrativo, implica interponer acciones, presentar diligencias, promover y evacuar pruebas, consultar los expedientes, celebrar audiencias, recibir notificaciones e interponer recursos, todo por medios electrónicos y con respeto pleno a los derechos de las partes en el proceso.

 


[1] Puede verse: Belandria García, José. “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Ley del Tribunal Supremo de Justicia”. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Nº 136. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2012. pp. 91 – 108.

[2] Puede verse: https://accesoalajusticia.org/proceso-de-eleccion-de-magistrados/; https://accesoalajusticia.org/parlamento-actual-es-el-que-tiene-competencia-para-nombrar-a-magistrados-del-tsj/

[4] La Resolución alude en algunos casos a la firma electrónica (artículos 4, 6, 7 y 8) y en otros, cita la firma digital, como ocurre en el artículo 1. En la legislación venezolana, de acuerdo con el DFLMDFE está prevista solo una modalidad, que es la firma electrónica. En otros países, la legislación en cambio admite varias categorías con diferencias además entre ellas. A nivel teórico o en la doctrina también se analizan varios tipos (puede verse: Fraga-Pittaluga, Luis. La notificación electrónica de los actos tributarios. Caracas, 2021. pp. 41 y 42).  No obstante, a los fines de este trabajo creemos que se debe entender que se está haciendo referencia a la misma categoría, que es la firma electrónica.

[5] En Venezuela hoy en día existen dos proveedores de este tipo, que son la Fundación Instituto de Ingeniería, de carácter público; y PROCERT, una entidad privada.

[6] La firma electrónica, los certificados electrónicos y los proveedores de servicios de certificación electrónica, se rigen en cuanto a los aspectos jurídicos por el mencionado DFLMDFE.

[7] Es el caso de universidades públicas en Europa u órganos jurisdiccionales en ese continente; y en América del Sur el caso, por ejemplo, de la Corte Constitucional de Ecuador con sus sentencias

[8] Se refieren al conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática (hardware y software) y las telecomunicaciones (radio, televisión, teléfono y redes de comunicación), que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes.

[9] Belandria García, José. “Principio del interés público de la tecnología, principios conexos y su relación con la información, la comunicación y el funcionamiento de la Administración Pública”. En: Brewer-Carías, Allan y Araujo-Juárez, José (Coordinadores). Principios Fundamentales del Derecho Público. Desafíos actuales. Editorial Jurídica Venezolana Internacional. Caracas, 2020. p. 707.

[10] En este sentido, también la opinión de: Fraga-Pittaluga, Luis. La notificación electrónica de los actos tributarios. Caracas, 2021. p. 40.

[11] En el caso específico de las notificaciones electrónicas y a tenor del artículo 91.3 de la LOTSJ, las partes deben indicar su dirección de correo electrónico cuando se incorporen a los procesos ante el TSJ

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