El Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) y la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (AVEDA) publicaron este mes de enero de 2022 la obra colectiva denominada “La contratación pública en Iberoamérica”, que tuve el honor de coordinar, y donde se incluyen once artículos de autores nacionales y extranjeros que abordan la temática de la contratación pública.

I. Origen de la publicación

Esta obra tiene su origen en nuestra constante búsqueda de nuevos espacios, nacionales e internacionales, en los cuales abordar el tema de la contratación pública. A mediados de 2019 encontramos un portal web (www.tpp-rating.org) que a nivel internacional implementa un novedoso sistema de medición de transparencia en la contratación pública. Esta medición es desarrollada por el Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información (Institute for Development of Freedom of Information – IDFI) con sede en la República de Georgia, bajo el nombre “Índice de Transparencia en Contratación Pública” (TPPR – Transparent Public Procurement Rating).

La metodología del Índice de Transparencia en Contrataciones Públicas se concibe como una metodología universal para evaluar la legislación de contratación pública a nivel mundial, con el fin último de identificar las fortalezas y debilidades de los marcos legales y su aplicación en todo el mundo, para lo cual se estructuraron 64 indicadores. Venezuela no formaba parte del referido sistema de evaluación, por lo que, durante el año 2019, el Despacho de Abogados Gil & Rosas, S.C., junto con el arduo trabajo ejecutado por la abogada Olga Alviárez, asumimos el proceso de evaluación.

Ya en el año 2020 nace la idea de publicar un libro que presentara la evaluación del Índice de Transparencia en Contratación Pública e incorporara un conjunto de trabajos académicos de destacados profesionales nacionales e internacionales en la materia de contratación pública.

II. Contenido de la obra

La publicación se encuentra dividida en cuatro capítulos. El primer capítulo titulado “Principios relevantes en materia de contratación pública”, agrupa cuatro artículos bajo la autoría de César Esteves Alvarado, Alberto Gil Martínez, Álvaro Bautista Flores y Ximena Pinto Nerón.

En el primer artículo, el profesor César Esteves Alvarado aborda en amplitud el concepto e importancia de la planificación en la contratación pública en fase previa e inicial al proceso licitatorio bajo el tema “El principio de planificación como estrategia en el marco de la contratación de la Administración Pública”.

Por su parte, Alberto Gil Martínez suscribe un trabajo titulado “El principio de publicidad en las contrataciones públicas”, donde desarrolla la previsión legal del principio de publicidad en el ámbito de la contratación pública y cómo debería ser concebido este importante principio, entendiendo que el mismo es fundamental para salvaguardar los derechos de los administrados que directa o indirectamente sean parte de un procedimiento de selección pública o detenten un contrato administrativo con el Estado.

Seguidamente, Álvaro Bautista Flores —quien es director de la Revista de Contrataciones Públicas de Argentina—, suscribe un trabajo titulado “Acceso a la información pública y contrataciones estatales”, en el cual desarrolla las tensiones presentes en las relaciones que se generan entre el acceso a la información y las contrataciones públicas, bajo una visión de Derecho Comparado, analizando la normativa relevante en Argentina y Venezuela.

Este primer capítulo de la publicación cierra con el trabajo de la profesora uruguaya Ximena Pinto Nerón, que, en el marco del indicador de competencia e imparcialidad incluido en el Índice de Transparencia en Contratación Pública, incorpora un artículo titulado “Competitividad e imparcialidad en la contratación pública”, donde aborda la competitividad e imparcialidad en la etapa preparatoria en la contratación pública, con especial énfasis en el sistema jurídico uruguayo, identificando los extremos más relevantes en la materia.

El segundo capítulo de la obra titulado “Algunos problemas de las contrataciones públicas en Venezuela”, agrupa cuatro artículos, bajo la autoría de Alejandro Canónico, Daniel Rosas Rivero, Alejandro Gallotti y Jessica Vivas Roso.

Este capítulo inicia con un trabajo del profesor Alejandro Canónico, titulado “Dispersión normativa en el marco jurídico de la contratación pública”, que en el ámbito del indicador de uniformidad del marco legislativo venezolano en materia de contratación pública, incluido en el Índice de Transparencia en Contratación Pública, analiza el desarrollo histórico normativo para verificar el comportamiento de la regulación de los procedimientos de contratación pública en Venezuela, evaluando también la cantidad y calidad de las normas que actualmente se aplican en el país, para finalizar con una reflexión sobre la competencia para regular esta materia, atendiendo a la concepción del Estado federal descentralizado que diseña la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Luego, quien suscribe estas líneas presenta un trabajo titulado “La opacidad como norma en la legislación venezolana de contratación pública”, donde analizo los indicadores de transparencia incluidos en el Índice de Transparencia en Contratación Pública y los aplico a la legislación venezolana en materia de contratación pública, con el fin de demostrar que en nuestra legislación la opacidad se impone como norma.

De seguidas, podrán encontrar el trabajo del profesor Alejandro Gallotti, titulado “De la complejidad a la inviabilidad financiera del sistema de contratación pública en Venezuela. Un análisis de los graves problemas que enfrentan los contratistas en la Venezuela hiperinflacionaria”, que examina los problemas más graves que enfrentan los contratistas a raíz del caos financiero que atraviesa Venezuela, como consecuencia de los poderes exorbitantes de la Administración en materia de contratos administrativos, la técnica legislativa, la corrupción y la postura irresponsable de los entes contratantes.

Para cerrar este segundo capítulo de la obra, la profesora Jessica Vivas Roso con su trabajo titulado “Control fiscal de las contrataciones públicas en Venezuela. ¿Realidad o utopía?”, analiza el ejercicio de la actividad de control fiscal en materia de contrataciones públicas, desde dos aristas: i) las sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa impuestas por la Contraloría General de la República durante el período 2007-2017, que tuvieron su origen en el numeral 1 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal o su equivalente en las Leyes que regularon la competencia del máximo órgano de control fiscal durante dicho período; y, ii) las acciones de control que se han dejado de ejercer en esta materia en Venezuela.

El tercer capítulo de la obra titulado “Las contrataciones públicas en el derecho comparado”, agrupa dos artículos, uno bajo la autoría de dos autores españoles, Isabel Dólera Sevilla y José María Gregorio Molina, y otro suscrito por el costarricense Elard Ortega.

El trabajo de los profesores Isabel Dólera Sevilla y José María Gregorio Molina se titula “Marco legislativo de la contratación pública en el Reino de España. Una visión de la reserva de contratos a favor de entidades de economía social”, donde desarrollan el marco normativo de la contratación pública en España, bajo la influencia de las disposiciones comunitarias emanadas por la Unión Europea, haciendo especial énfasis en los principios que favorecen la consideración de la contratación pública como un instrumento estratégico, vinculada a la consecución de objetivos laborales, medioambientales, o de otra naturaleza de interés social; y haciendo una breve comparación con la legislación venezolana en la materia.

Por su parte, Elard Ortega —quien forma parte de la Contraloría General de Costa Rica— nos presenta un trabajo titulado “Consideraciones sobre el sistema contratación pública costarricense con ocasión de los resultados del Índice de Transparencia de Contratación Pública”, en el que analiza la aplicación del Índice de Transparencia en Contratación Pública bajo la óptica de tres indicadores referidos a la uniformidad del marco legislativo, en concreto: cobertura de la norma, órgano regulador y mecanismo de revisión, todo ello incluyendo la perspectiva costarricense y la venezolana.

Finaliza la obra con un cuarto capítulo titulado “Venezuela según el Índice de Transparencia en Contratación Pública”, que incorpora el trabajo “Metodología del Índice de Transparencia en Contratación Pública. Caso: Venezuela”, en el cual Olga Alviárez, Alberto Gil Martínez y Daniel Rosas Rivero, realizan la evaluación del Índice de Transparencia en Contratación Pública al marco jurídico de la contratación pública en Venezuela, para determinar el posicionamiento regional y mundial de la normativa venezolana frente a los estándares internacionales.

III. Agradecimientos

Debo agradecer el apoyo de Olga Alviárez y del Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información (IDFI) en la realización de la evaluación del Índice de Transparencia en Contratación Pública, así como el invaluable apoyo de Alberto Gil Martínez, quien no solo brindó apoyo fundamental durante dicho proceso de evaluación sino también en la revisión de los trabajos incluidos en la obra.

De igual manera, es menester agradecer a cada uno de los autores por la confianza depositada en mí al remitir sus trabajos para la presente publicación. Esperamos que la misma sirva no solo para dar a conocer los resultados de la evaluación realizada sino también para elevar la discusión sobre la contratación pública en nuestro país, incluyendo su necesaria reforma, y que, los trabajos allí contenidos sean una guía para la reestructuración y recuperación de todo el sistema de contratación pública en Venezuela.

Finalmente, agradecemos al profesor Antonio Silva Aranguren y a todo el equipo del Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) por su receptividad y su fundamental trabajo y apoyo en la publicación de esta obra, así como el aval de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (AVEDA), lo cual nos llena de orgullo como abogados administrativistas.