Igualdad de género en la Administración Pública venezolana (Parte II)

13 de agosto de 2021

Diana Trías Bertorelli

Directora Ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas.

Profesora de pregrado en la UNIMONT y UCAB.

Profesora de postgrado en la UCAB, UCV y UNIMET. 

I. Administración Pública Nacional. Ocupación de cargos por mujeres. Situación actual

En una entrega anterior, se analizó la igualdad de género en la Administración Pública desde el ámbito estrictamente normativo, observando que nada impide a las mujeres acceder a ocupar cargos en los distintos niveles que la función pública ofrece en Venezuela, incluyendo los cargos de elección popular.

 Se impone ahora analizar la situación de hecho que se presenta actualmente en la Administración Pública respecto de la igualdad de género en la ocupación de cargos en la Administración Pública, más allá de las limitaciones que impongan los requerimientos particulares del cargo de que se trate en razón de exigencias físicas incompatibles con la naturaleza de la mujer.

Debe advertirse como primera barrera que se presenta, la ausencia y en algunos casos limitada existencia de datos estadísticos actualizados que permitan conocer con precisión el número y categoría de cargos ocupados por mujeres en el ámbito de la Administración Pública, por razones a las que nos referiremos más adelante.  En relación con el registro, aporte de datos estadísticos y en general información relativa a la función pública, la Ley del Estatuto de la Función Pública asigna al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo, la responsabilidad de la planificación del desarrollo de la función pública, así como evaluar, aprobar y controlar la aplicación de las políticas en materia de función pública. (Artículos 7 y 8).

En particular, y por lo que atañe al Registro Nacional de Funcionarios y Funcionarias Públicas la Ley ordena al Ministerio de Planificación y Desarrollo llevar y mantener actualizado el registro nacional de funcionarios y funcionarias públicas al servicio de la Administración Pública Nacional. (Artículo 9).  

Sin embargo, pese a esfuerzos realizados a fin de acceder a los datos de registro que supuestamente debe poseer dicho Ministerio, lo cierto es, que ello no fue posible. Asimismo, y dentro del sector público fue consultado el Instituto Nacional de Estadística a fin de conocer si dicho ente tiene estudios estadísticos recientes al respecto y la respuesta fue negativa.

En ausencia de las fuentes de datos indicadas, consultamos la Ley de Presupuesto que rige la administración económica y financiera del Estado en cada ejercicio fiscal conjuntamente con la Ley de Endeudamiento respectivo. Conforme a lo exigido por la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el Ejecutivo Nacional debe presentar antes del 15 de octubre de cada año a la Asamblea Nacional una exposición de motivos y el Proyecto de Presupuesto contentivo de las estimaciones de ingresos y fuentes financieras para la determinación de autorizaciones de gastos y aplicaciones financieras correspondientes al ejercicio fiscal siguiente para la consideración y aprobación por parte del órgano legislativo.

Se procedió a investigar las referidas leyes de presupuesto en razón de que éstas, por exigencia legal deben contener las partidas generales y desagregadas en detalle con los aspectos relevantes respecto de la planificación financiera anual. Aspecto a resaltar respecto de los gastos es el correspondiente al pago del personal que conforma el recurso humano de la Administración Pública y éstos se encuentran detallados en cada Ley de Presupuesto en orden al tipo de cargo y género, lo que a los fines del presente estudio constituye una fuente de trascendental importancia para determinar el porcentaje de ocupación de cargos por parte de mujeres en el ámbito concreto de la Administración Pública.

Cabe destacar que en la actualidad constituye desde el ámbito público la única fuente oficial que aporta tales datos. Sin embargo, esta fuente presenta una lamentable limitación producto de la situación política particular de Venezuela, consistente en que desde el año 2016, el Ejecutivo Nacional no ha presentado, como corresponde por exigencia Constitucional y legal, el proyecto de Presupuesto ante la Asamblea Nacional ―por considerarla en “desacato” según sentencias del Tribunal Supremo de Justicia―sino ante el Tribunal Supremo de Justicia y en los tres últimos ejercicios fiscales ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.

Adicionalmente, debe aclararse que respecto de los Proyectos de Presupuesto correspondientes a los años 2018 y 2019, éstos fueron presentados y aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente sin divulgar ni publicar su contenido, lo que imposibilita tener acceso a los datos correspondientes a esos años. Ello demuestra la total opacidad que impera actualmente en Venezuela al respecto. Por lo que atañe al proyecto de presupuesto correspondiente al año 2017, éste fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia y no fue publicado. Sin embargo, la organización no gubernamental (ONG) “Transparencia Venezuela” tuvo acceso a los Títulos I, II, III y IV del Decreto de Presupuesto y a la Distribución General y ello fue publicado en la web de dicha organización la cual fue objeto de consulta para la presente investigación.

La opacidad en materia presupuestaria antes señalada, impidió que la presente investigación se basara en los tres (3) últimos años ―como era lo lógico[1]―, es decir 2017, 2018 y 2019,  pues no es posible acceder al presupuesto de los dos últimos años. Por tanto, se estimó que el acceso a los presupuestos correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017 podía respecto del tema objeto de estudio, evidenciar la situación que respecto de la igualdad de género se pretende verificar y siendo que la materia no constituye una variable de afectación sensible y frecuente, se estimó que no perdía interés ni vigencia los resultados que su análisis arrojara. De allí que se procediera a su análisis.

En ese sentido, se analizaron las Leyes de Presupuesto de los años 2015 y 2016 y el Decreto de Presupuesto del 2017 y se tomó como muestra sólo los datos correspondientes a la partida de gastos por recursos humanos de la Administración Pública Central y de ésta sólo los referidos a la Vicepresidencia Ejecutiva y a los Ministerios pues constituyen una amplia, importante y demostrativa base de estudio respecto de la ocupación de mujeres en cargos dentro de la  Administración Pública que nos permite determinar la existencia o no de una discriminación en razón de género.

A tal efecto, se realizó en cada presupuesto ―años 2015, 2016 y 2017― un levantamiento del número de cargos correspondiente al personal fijo a tiempo completo y la cantidad que de éstos son ocupados por mujeres y hombres. Resultado de dicho análisis es la Tabla 1 y Gráfico 1.

 Tabla 1

 

Año/nro. de órganos

Total

Personal fijo a tiempo completo[2]

 

Femenino

     

Masculino

2015/1Vicepresidencia 27 Ministerios

1.020.664

575.087

443.333

2016/1Vicepresidencia 28 Ministerios

1.109.857

547.650

541.377

2017/1Vicepresidencia 31 Ministerios

1.072.406

426.003

641.928

 

 

Fuente: Ley de Presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente.

Gráfico 1

 

Un análisis de los datos contenidos en la Tabla 1 permite afirmar que, durante los años de estudio, se advierte una paridad en la ocupación de cargos públicos con incluso una ligera mayoría por parte de las mujeres en los años 2015 y 2016 y una ligera disminución en el año 2017, no relevante a los efectos de calificarlo como una discriminación en razón de género.

Los datos contenidos en la  referida Tabla Nro. 1, permite afirmar que en Venezuela no existe una discriminación en razón de género respecto de la ocupación de cargos públicos, antes bien, puede afirmarse que existe una paridad de género en cuanto a la ocupación con una tendencia a una ligera mayoría de mujeres en la ocupación, lo cual en la actualidad pese a la opacidad de datos oficiales, pero sí de la constatación de hecho mediante la realización de trámites públicos por parte de los ciudadanos, permite afirmar un mantenimiento de la paridad y una tendencia a una ocupación mayoritaria por mujeres.

Así mismo, se realizó un análisis comparativo en los presupuestos bajo estudio en orden a la categoría de cargos calificados como de Alto Nivel y de Dirección y su ocupación en razón del género. Ello permitió la elaboración de la Tabla 2 y Gráfico 2.

 Tabla 2

 

Año/nro. de órganos

Total

Cargos de alto nivel y de dirección

 

Femenino

     

Masculino

2015/1Vicepresidencia 27 Ministerios

2.300

1.407

703

2016/1Vicepresidencia 28 Ministerios

565

263

279

2017/1Vicepresidencia 31 Ministerios

342

151

186

 

 

Fuente: Ley de Presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente.

Gráfico 2

 

Un análisis de dichos datos permite afirmar, que respecto de los cargos denominados de Alto Nivel y de Dirección existe una paridad de ocupación, pues, la ligera diferencia encontrada en cada uno de los años posibilita afirmarlo. Por tanto, puede aseverarse que las mujeres han alcanzado posiciones relevantes en el ámbito de la gestión pública lo que descarta una discriminación con base al género en esta especial categoría.

Por lo que atañe a los cargos denominados Directivos ―categoría inmediatamente inferior a los cargos de Alto Nivel y de Dirección― y su ocupación en razón de género, se elaboró la Tabla 3 y Gráfico 3.

 Tabla 3

 

Año/nro. de órganos

Total

Cargos directivos[3]

 

Femenino

     

Masculino

2015/1Vicepresidencia 27 Ministerios

2.849

1.386

1.063

2016/1Vicepresidencia 28 Ministerios

4.124

2.071

1.679

2017/1Vicepresidencia 31 Ministerios

5.018

2.449

2.576

 

Fuente: Ley de Presupuesto correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente.

Gráfico 3

 

Un análisis de los resultados arrojados indica una clara paridad con tendencia a una ligera mayoría en la ocupación de dichos cargos por mujeres.

Por lo que atañe a la integración para septiembre 2020 de posiciones relevantes en el ámbito público tales como el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Ministros se advierte que el cargo de Vicepresidencia Ejecutiva ―cargo de elevada trascendencia― es ejercido por una mujer y del Gabinete Ministerial de un total de 35 Ministerios 9 son ejercidos por mujeres.

De manera referencial, por lo que atañe a otros Poderes Públicos como el Tribunal Supremo de Justicia, de sus treinta y dos (32) Magistrados integrantes, dieciséis (16) son mujeres. Respecto del Poder Electoral integrado por cinco (5) Rectores, tres (3) son mujeres. Así pues, un análisis de los datos obtenidos permite afirmar que desde el punto de vista cuantitativo si bien no se puede hablar de mayoría si es posible hablar de una paridad o proporción tal que descarta la existencia de una desigualdad en razón del género. Por tanto, no cabe duda del rol protagónico de la mujer en el ámbito público venezolano.

Puede afirmarse de la totalidad de los datos reseñados, que en la actualidad en Venezuela no puede, desde mi opinión, sostenerse la existencia de una discriminación en razón del género para ocupar cargos públicos en sus distintos niveles dentro de la Administración Pública.

Ello obedece entre otras razones, a la existencia de un ordenamiento jurídico proteccionista en ese sentido, aunado a un aumento progresivo de los últimos años de la inclusión educativa de la mujer, lo que le ha permitido alcanzar grados de instrucción requeridos para optar y desempeñar funciones públicas en cargos acordes a su formación.

Resulta indudable, que las mujeres en Venezuela han escalado notablemente en la ocupación de cargos dentro de la Administración Pública y en otros Poderes Públicos en cuanto a las posiciones de liderazgo y ejercicio de cargos alto nivel. Sin que ello lleve de suyo compartir posturas ni gestiones particulares, es indudable que las mujeres en Venezuela han asumido posiciones relevantes que la empoderan así mismo en el ejercicio de la política.

En este punto interesa resaltar que, en Venezuela, como es lo usual, el gabinete y funcionarios que ocupan cargos de alto nivel y de confianza cuya designación o permanencia corresponde al Presidente de la República está vinculado con personas de confianza de éste y en nuestro caso, afectos y militantes del partido oficialista.

Ello en sí mismo, no resulta condenable si la confianza y coincidencias políticas partidistas vienen acompañadas de la competencia, honestidad y vocación de servicio público.  Es decir, no es suficiente y antes bien condenable,  el sólo hecho de compartir doctrinas políticas y gozar de la confianza del Presidente de la República para ser designado en posiciones de liderazgo en el ámbito de la Administración Pública, pues la trascendencia, responsabilidad y compromiso de la actividad a desarrollar es del tal magnitud e impacto en la sociedad que un error en su designación apareja una afectación negativa de la gestión encomendada en detrimento directo de los ciudadanos.

Por lo que atañe al personal de la Administración Pública, distinto a los que ocupan cargos de alto nivel o de confianza, es decir; a los funcionarios de carrera, es imperativo el respeto de las exigencias o requisitos objetivos del cargo de que se trate y no condicionar o someter su nombramiento o permanencia a ningún otro tipo de exigencia, pues ello configuraría una discriminación de otro orden, igualmente proscrita por la Constitución y por la Ley especial que rige la función pública. 

Lo dicho aplica a los funcionarios que ocupan cargos de alto nivel o de confianza a quienes a su vez corresponde la designación de otros bien sea para ocupar cargos de alto nivel, de confianza o de carrera.

II. Conclusiones

Del estudio realizado se puede concluir lo siguiente:

a) Conforme al ordenamiento jurídico venezolano tiene plena vigencia el principio de igualdad de género respecto del acceso y ejercicio de la función pública, por lo que desde el orden constitucional y legal no existen discriminaciones que coarten o impidan a plenitud el desempeño de las mujeres en el ámbito de la función pública más allá de las derivadas de las capacidades, aptitudes y vocación de cada persona.

b) El ordenamiento jurídico venezolano no limita el acceso de las mujeres a la educación y a sus posibilidades para formarse en los distintos niveles educativos existentes, por lo que puede aspirar a ingresar a la Administración Pública a prestar servicios según su formación y vocación, y, al menos desde un punto de vista formal, contar con un mejoramiento en su desarrollo en orden a las labores que desempeñe.

c) Un análisis de los datos de ocupación de cargos públicos discriminados por género, permite afirmar que en la actualidad en Venezuela no puede, desde mi opinión, sostenerse la existencia de una discriminación en razón del género para ocupar cargos públicos en sus distintos niveles dentro de la Administración Pública. Ello obedece a la existencia de un ordenamiento jurídico proteccionista en ese sentido, aunado a un aumento progresivo de los últimos años de la inclusión educativa de la mujer, lo que le ha permitido alcanzar grados de instrucción requeridos para optar y desempeñar funciones públicas en cargos acordes a su formación.

 


[1] A los efectos de la verificación y determinación de la situación actual en Venezuela respecto de la existencia de una eventual discriminación en orden al género, se estimó que un período de tres (3) años constituye un tiempo razonable para arribar a conclusiones y tendencias al respecto.

[2] La sumatoria de los cargos correspondientes al total de personal fijo a tiempo completo incluye los datos vacantes, de allí que la suma de los cargos ocupados por personal femenino y el masculino no sea exacto a la cifra total.

[3] La sumatoria de los cargos correspondientes al total de personal fijo a tiempo completo incluye los datos vacantes, de allí que la suma de los cargos ocupados por personal femenino y el masculino no sea exacto a la cifra total

 

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