El Comité de Postulaciones y la violación del artículo 270
—La grave crisis en la Administración de Justicia en Venezuela es consecuencia de la desdemocratización del país. Se ha dejado de tener un talante democrático en Venezuela. No podemos pensar que, en este momento, con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y dejando todo lo demás igual, hemos solucionado el problema. Cambiar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y seguir gobernando desde la falta de democracia, y legislando desde la falta de democracia, a espaldas del ciudadano y de sus derechos civiles, sociales, políticos y económicos, no resuelve nada. No resolvemos nada si cambiamos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y dejamos como están el resto de las instituciones. La crisis del Poder Judicial en Venezuela es enorme. No es una casualidad ni un accidente, sino el propósito de la revolución bolivariana de Chávez y de Maduro. Desde el Poder Judicial se ha establecido e instaurado una dictadura, violando los preceptos constitucionales que establecen la independencia de los jueces. Se ha manipulado la interpretación de la Constitución, se ha legislado en contra de la Constitución y se ha gobernado en contra de los principios constitucionales. La separación de poderes en Venezuela no existió durante los años de Chávez ni de Maduro, y aún no existe. Tenemos que reconstruir el Poder Judicial, pero no violando otra vez la Constitución. El artículo 270 establece que el Comité de Postulaciones, el órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad. Pero la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que recientemente aprobó la Asamblea Nacional establece que casi la mitad de los miembros de ese comité son diputados de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios no son miembros de la sociedad. Lo hemos dicho desde muchísimos puntos de vista, pero estamos frente a un Parlamento que no oye y frente a un Ejecutivo para el cual las academias somos invisibles, las universidades somos invisibles. No somos tomados en cuenta.
Los ciudadanos también son invisibles.
—La norma constitucional, el artículo 270, dice que la sociedad tiene que integrar el Comité de Postulaciones, pero la Asamblea Nacional impone una ley para hacerse con la mitad de sus miembros. La Asamblea Nacional no representa a la sociedad civil. Hay órganos del poder público: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral; frente a ellos está la sociedad. No es una interpretación que pueda ponerse en duda, porque, desde el momento en que se hizo la Constitución, en el diario de debates de la Asamblea Constituyente se lee claramente que los diputados discutían y votaban este artículo y decían que había que sacar a los partidos políticos de la designación de los miembros del TSJ. En estos 27 años de revolución bolivariana hemos tenido un Tribunal Supremo de Justicia politizado, militante, que ha permitido la violación de la Constitución en todos los sentidos y ha permitido que desde el Tribunal Supremo de Justicia se gobierne todo el Poder Judicial desde un punto de vista militante. El TSJ ha permitido que se asalte la independencia del Banco Central de Venezuela, con graves consecuencias económicas, y que se violen los derechos ciudadanos, que haya miles de presos políticos y que se perpetren graves torturas. Las denuncias están documentadas y probadas; son absolutamente incuestionables. Una vergüenza para el país. Los nombres de los torturadores están en la calle. Se conocen, sabemos quiénes son, dónde están los lugares de tortura y cuáles son los medios de tortura que utilizan. El grave drama está totalmente documentado y ha ocurrido ante la mirada de un Poder Judicial que ha sido cómplice y lo ha respaldado.
Han utilizado la justicia como una herramienta de inseguridad ciudadana.
—El problema es muy grave. Podríamos pensar que el proceso en marcha para designar un nuevo TSJ podría ofrecer una solución, pero ha comenzado con violaciones a la Constitución. El Poder Judicial, con competencias para anular las leyes, ha permitido que exista un bloque de leyes inconstitucionales destinadas a violar los derechos de los enemigos políticos y económicos. Entre los presos políticos hay venezolanos, ciudadanos que no hacen vida política, que están en prisiones militares, sin juicio, sin derecho a tener abogados y a quienes les han quitado sus bienes para asignárselos a personas amigas o cercanas a los círculos más íntimos del gobierno. Esas personas están en las cárceles amparadas por un Poder Judicial cómplice. Se ha creado una estructura de tribunales inconstitucionales: los tribunales antiterroristas, con jueces especialmente designados para perseguir a los enemigos políticos y saquear los bienes de los empresarios. La designación de los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia se utiliza como cortina de humo para esconder los gravísimos problemas que siguen existiendo en el país. En este momento, los gobernantes carecen de legitimación democrática y existe una situación de incertidumbre total. Desconocemos qué artículos de la Constitución están vigentes y no está claro quiénes ejercen las funciones de gobierno y de legislar.
Cómo el poder político sometió a los tribunales
—Una de las primeras cosas que hizo Chávez al llegar al poder fue nombrar una comisión para la reforma judicial. Esa reforma parecía más bien tener el sentido de no mejorar, sino de empeorar la situación.
—Tan pronto como entró en vigor la Constitución de 1999, Hugo Chávez designó a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, y se vio claramente que era un TSJ absolutamente militante, preparado para legitimar las actuaciones del gobierno de Chávez. De otra manera, no habría sido posible que una persona con una mentalidad tan arbitraria como la de Chávez pudiera manejar el poder de la manera inconstitucional en que lo hizo. Desde el año 2000, el Tribunal Supremo de Justicia legitimó, a través de diversas sentencias, todos los desafueros de Chávez.
La última Corte Suprema de Justicia de la democracia autorizó la convocatoria de una Asamblea Constituyente que no figuraba en la Constitución de 1961.
—La Constitución de 1961 no preveía la posibilidad de ser modificada mediante una Asamblea Constituyente. Pero el principio general es que, si el pueblo vota para que haya una reforma constitucional, no es algo que pueda detenerse. La ponencia del magistrado Humberto José La Roche Rincón, presidente de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en enero de 1999, reconoció lo que todo pueblo tiene derecho a hacer: redactar su constitución. Recordemos que Chávez tenía una popularidad enorme.
—No sigamos la historia implantada por el chavismo. Su popularidad era la de cualquier presidente que acaba de ser elegido. No ganó con 90% de los votos ni siquiera con 70%. Obtuvo menos votos que Lusinchi en 1983. En el referéndum votaron 3.972.483 personas de un padrón de 11.022.331 inscritos. Fue aprobada en un referéndum que registró 4.598.675 votos válidos, con una abstención de 55,63% (votaron 4.819.056 personas de un padrón de 10.859.362 inscritos debido a depuraciones). Le dijeron sí a la Constitución bolivariana 3.301.175 votantes.
—Chávez tenía popularidad y el apoyo de los medios de comunicación, que estaban obsesionados con el militar. Chávez gobernó desde el Poder Judicial, lo cooptó para, desde allí, ir desconstitucionalizando el país y deslegalizando la República.
¿Cómo lo hizo?
—La designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia contemplada en la nueva constitución violó flagrantemente el principio de que los miembros del máximo tribunal no podían ser militantes de partidos políticos. Lo integraron personas que venían del MVR, personas cercanas al gobierno y personas sin independencia. Esa toma censurable del Poder Judicial se concretó en casos como el de la jueza María Lourdes Afiuni, que dictó una sentencia de manera independiente y Chávez ordenó que la metieran presa. El Poder Judicial obedeció: la metieron presa en la misma cárcel donde cumplían sentencia personas a las que ella había encontrado culpables. Allí la maltrataron, la violaron y estuvo una cantidad de años presa y sometida a condiciones absolutamente infrahumanas. El caso Afiuni se utilizó para aterrorizar a los jueces y paralizó cualquier gesto de independencia. Desafiar al poder militar era imposible. «Si no están conmigo, les pasa lo de la jueza Afiuni». Otro caso muy conocido es el de la Corte de lo Contencioso Administrativo, la corte que controlaba al Poder Ejecutivo, como establece el artículo 259 de la Constitución. Esa corte la allanaron, la disolvieron, la cerraron y amenazaron a sus miembros. El Poder Judicial legitima el desconocimiento de las elecciones de 2024 y admite que entren en vigor leyes inconstitucionales. Un entramado jurídico para penalizar al enemigo. Las leyes contra la delincuencia organizada, de financiamiento al terrorismo, contra el odio, la Ley de las Fuerzas Armadas, la Ley Antibloqueo, la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley para la Defensa de la Guayana Esequiba y la ley anti-ONG conforman un entramado normativo que debe revisarse. Un derecho penal que creaba leyes que tipificaban delitos genéricos e indeterminados, con penas extremas, como la ley antiterrorista. De acuerdo con la aplicación de esa normativa, Venezuela es el país con más terroristas encarcelados en el mundo, sin que exista realmente una situación de terrorismo. En Venezuela han sido acusados empresarios, dirigentes sindicales, representantes de comunidades y personas decentes, en general, por terrorismo, traición a la patria y subversión, delitos con penas gravísimas. Incluso Cilia Flores pidió que se modificara la Constitución para imponer penas mayores de los 30 años de prisión.
Hernández Ramon (2026, 26 de octubre). Rafael Badell: Sigue mandando el régimen que implantó el chavismo. El Nacional. https://www.elnacional.com/2026/10/rafael-badell-tsj-inconstitucional-gobierno-interino-estatuto-roma/